Autor: ACD Consulting
ACD consulting fue comisionada por el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) para elaborar el Informe sobre el estado y calidad de las políticas públicas sobre cambio climático y desarrollo en Ecuador, en el año 2012. Esta es una iniciativa conjunta de la Plataforma Climática Latinoamericana y Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). A continuación presentamos el resumen ejecutivo del estudio:
El Cambio Climático se posiciona lentamente en las agendas públicas regionales de la mano de la implementación de los compromisos multilaterales. Esta no ha sido la excepción en el caso de Ecuador, sin embargo el proceso ha sido más lento. No es sino hasta la reciente Constitución del Ecuador (2008) que se establece un compromiso del estado al más alto nivel, ya que en el artículo 414 se menciona que “el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo”.
A raíz de esto se han dictado una serie de políticas sobre temas ambientales incluyendo cambio climático, en el Plan Nacional del Buen Vivir; una Política de Estado sobre adaptación y mitigación del Cambio Climático, y en general, varias políticas ambientales relacionadas con la conservación, preservación y reparación de los ecosistemas en relación al cambio climático.
A nivel normativo, leyes recientes como el Código Orgánico de Producción, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Código Orgánico de Planificación y otros, introducen competencias y regulaciones en temas relacionados al Cambio Climático, así también indirectamente tratan temas relacionados con el uso de tecnología limpia, el mecanismo de desarrollo limpio, etc., es decir el tema va de poco introduciéndose en el universo institucional y normativo en el país. Sin embargo hay que tener presente que aún con políticas dictadas e instituciones creadas, se estima que tomará tiempo en estructurarse un sistema consistente y transversal en materia de cambio climático, para que pueda hablarse de una eficaz implementación.
Hay una percepción desde el Estado de que existen suficientes políticas y de que tienen un grado de implementación adecuado en la mayoría de los casos. Sin embargo existe una coincidencia –desde varios sectores- que la etapa de formulación política e institucional se encuentra bastante avanzada. Sin embargo cuando se refiere a los grados de implementación de estas políticas, las percepciones varían. Es ahí donde se puede apreciar una confusión en cuanto al rol de la formulación y el rol de la implementación. Con frecuencia se asume que la formulación de marcos tanto políticos como institucionales son niveles de implementación adecuados, cuando en realidad constituyen la generación de las condiciones previas para la implementación de las políticas establecidas. Muchas veces pueden existir los marcos institucionales o políticos adecuados pero no cumplirse con la implementación de las políticas por varios motivos, por eso es necesario estructurar sistemas de seguimiento de la implementación accesibles al público para tener consensos sobre qué se entiende como implementación y como se medirían estos avances.
Por otro lado la formulación en materia de cambio climático para el sector AFOLU aun no se aprecia como una formulación directa para el sector. Se describe así la necesidad de enfocar más las políticas sobre cambio climático a las propias dinámicas del sector. En el sector agrícola, se evidencia en general, una desvinculación de la planificación ambiental ya que todavía es palpable la existencia de una visión sectorial sobre lo agrícola y no existe una visión clara de las interrelaciones con el manejo de recursos que viene dada desde la esfera de la protección y prevención ambiental.
También se percibe en este tema un alejamiento entre las iniciativas públicas y privadas. Las estrategias de implementación a través de iniciativas y proyectos en esta materia se aprecian como iniciativas enteramente públicas, no se evidencian espacios de interacción o participación con el sector privado ni compromisos con metas en el sentido de la implementación de las políticas. Esto parecería un efecto de la falta de apropiación de las políticas públicas desde su formulación y la visión gubernamental de ayudar o asistir directamente a los sectores que priorizan como necesitados, en lugar de generar un marco más propicio para la iniciativa privada en esta materia. Suma a esto la falta de claridad sobre el tema de los servicios ambientales, que se encuentran restringidos desde la Constitución. Por lo que se este tema agrícola requiere de una planificación integrada a los objetivos ambientales, en particular a Cambio Climático pero una planificación que integre a los sectores productivos de forma activa y comprometiéndolos con los objetivos de desarrollo con metas cuantificables. Por otra parte el Estado debería para el efecto, formular paquetes de incentivos para que converjan estas iniciativas público-privadas.
Aún no se tiene suficiente evidencia sobre la eficacia de las herramientas para la implementación ni sobre el éxito de la implementación en el mediano plazo, aunque las percepciones a nivel público son positivas, esto difiere en gran medida a lo que piensa el sector privado y la sociedad civil, las cuales se muestran más escépticas de los avances debido a la falta de información y participación en las iniciativas públicas.
En materia de Cambio Climático en el área agrícola no hay aun articulación política - normativa enfocada a un cambio de conducta del sector que sea evidente, es decir conductas exigibles por la norma enfocadas a la implementación de políticas sobre cambio climático no han sido incorporadas aun.
Finalmente, tampoco se ha encontrado un sistema de indicadores con grados de cumplimiento de los objetivos de política nacional a las que se puedan acceder. Y si bien existe un gran avance en el reconocimiento del cambio climático en las políticas públicas, es necesario que exista mayor capacitación y apropiación en el tema tanto en las instituciones públicas como en la sociedad civil y sector privado. Aun queda una agenda muy abultada en esta materia.
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